“España vaciada” es el término que se usa para referirse a las zonas rurales y despobladas del país, que sufren problemas como la falta de servicios públicos, la escasez de oportunidades laborales, el envejecimiento de la población y el abandono de sus recursos naturales y culturales. Estas zonas reclaman una mayor atención y apoyo por parte del Gobierno central y las administraciones públicas nacionales y de las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias legislativas y ejecutivas en materias como la sanidad, la educación, el medio ambiente, el desarrollo rural o la infraestructura.
Sin embargo, muchos habitantes de estas zonas sienten que estas administraciones no solo no les ayudan, sino que les perjudican con sus decisiones políticas y económicas. Una de las principales críticas es que el Gobierno central y las comunidades autónomas están pasando por encima de los derechos de la gente, permitiendo el expolio de sus territorios en nombre de una transición ecológica mal entendida, que promociona el extractivismo y la colonización de los territorios.
El extractivismo se refiere a la explotación intensiva y a gran escala de los recursos naturales, como el agua, los minerales o las energías renovables, sin tener en cuenta los impactos sociales y ambientales que genera. La colonización se refiere a la ocupación y apropiación de los territorios por parte de agentes externos, como empresas multinacionales o grandes propietarios, que imponen sus intereses y modelos de desarrollo sobre las comunidades locales.
Estas prácticas suponen una amenaza para la soberanía alimentaria, la biodiversidad, el patrimonio cultural y la identidad de la España rural. Además, no contribuyen a generar empleo ni riqueza para sus habitantes, sino que generan dependencia, desigualdad y exclusión. Por eso, muchos colectivos sociales y movimientos ciudadanos se oponen a estos proyectos extractivistas y colonizadores, y exigen una transición ecológica justa y participativa, que respete los derechos humanos y los principios de sostenibilidad.
Para lograr este objetivo, es necesario un cambio profundo en el modelo territorial y en las relaciones entre el Gobierno central, las administraciones públicas nacionales y las comunidades autónomas. Es necesario que estas administraciones reconozcan la diversidad y la pluralidad de los territorios, y que establezcan mecanismos de cooperación, coordinación y corresponsabilidad con sus habitantes. Es necesario que estas administraciones apuesten por un desarrollo rural integral y equilibrado, que potencie las capacidades locales, que fomente la innovación social y que garantice la calidad de vida y el bienestar de esa “España vaciada”.