Hoy leo con disgusto en la prensa que Iberdrola se sale con la suya en la reclamación interpuesta por la vicepresidencia de transición ecológica ante la Confederación Hidrográfica del Duero en relación al uso abusivo de los recursos hídricos del pantano de Ricobayo, ya que está entidad no encuentra «incumplimiento alguno de la normativa de aguas» en la gestión de la concesión hidroeléctrica por parte del grupo energético en el vaciado del pantano el pasado mes de agosto.
Nuevamente nos encontramos ante una de esas situaciones en las que lo legal y lo ético llevan caminos totalmente separados.
Cuando los contratos leoninos y abusivos que estás compañías firman con las administraciones públicas, se aseguran de proporcionar inmunidad legal a estos «gestores» en actos como el vaciado de un pantano más allá de lo que cualquier estimación podría considerar razonable, y además se hace tan solo con la intención de lucrarse, produciendo a coste de saldo energía que luego han vendido a precio de oro, es que algo está muy podrido en el sistema.
No es de recibo que se permita a estás grandes corporaciones explotar los recursos naturales -que son de todos- , en su propio beneficio y sin ponerles ninguna cortapisa, permitiéndoles agredir de una forma injustificable el entorno natural, para luego justificar sus actos con conceptos tan vagos como que el estudio ha demostrado que no se ha producido ninguna pérdida de calidad y «así lo demuestra que no se ha producido mortandad de ictiofauna».
No, no todo vale para obtener ganancias, y las autoridades deberían tomar otra actitud, más defensiva con nuestro patrimonio y menos consentidora con los buitres que pretenden -y consiguen- expoliarlo.